Lizbeth Díaz

Agencia Reuters

Mientras repartía volantes con propuestas políticas, Abel Murrieta fue baleado a quemarropa a plena luz del día por una persona que luego huyó a pie, y engrosó así la lista de decenas de aspirantes asesinados rumbo a los comicios del 6 de junio, los más violentos en la historia de México.

Ese 13 de mayo, el cuerpo del político de 58 años quedó tirado en el asfalto, con su camisa blanca ensangrentada, en una concurrida calle del violento municipio Cajeme, del norteño estado Sonora, donde buscaba ser alcalde por Movimiento Ciudadano.

Murrieta se convirtió en el político número 83 en ser asesinado. Después siguieron otros dos casos, también en mayo.

Los volantes que cayeron de las manos del candidato, quien durante su campaña defendió el lema "no tengo miedo" y denunció la inseguridad en la región, quedaron tirados a su alrededor, de acuerdo a videos difundidos en redes sociales. Poco después del homicidio, la fiscalía local dijo que investigaría el caso, pero hasta ahora no hay detenidos.

Etellekt, consultora basada en Ciudad de México, dijo que los asesinatos de políticos aumentaron en más de un tercio desde la última votación de mitad de período en 2015, cuando hubo 61 casos en nueve meses. La cifra incluye a miembros de partidos políticos y a quienes buscaban un cargo público.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió justicia para las víctimas, dijo que analiza cerca de 400 denuncias o investigaciones relacionadas con violencia electoral y que 148 candidatos han recibido protección. Pero la mayoría de los asesinatos quedan sin resolver.

En los 10 meses anteriores a que AMLO, ganara las elecciones en julio del 2018, hubo 152 asesinatos de políticos, 26 de estos durante las últimas dos semanas de campaña. Cifras rojas

El recuento general de asesinatos en México alcanzó un récord ese año. López Obrador asumió en diciembre del 2018 prometiendo reducir la violencia, pero los homicidios aumentaron aún más durante los siguientes dos años.

Sonora se ha visto particularmente afectada. Murrieta era abogado de Adrián LeBaron, un mormón de ascendencia estadounidense cuya hija y cuatro nietos fueron brutalmente asesinados y calcinados en una notoria masacre en ese estado en 2019.

Las elecciones de junio, las más grandes de la historia del país, ocurren en un momento donde el partido oficialista Morena busca mantener la mayoría en la cámara baja del Congreso. Además, se disputan 15 gobernaciones y cientos alcaldías.

El caso de Murrieta se suma al de muchos candidatos amenazados para que se retiren de la contienda o asesinados. De septiembre a mayo, las amenazas contra candidatos sumaron 665 y renunciaron 18 contendientes.

Erick Ramírez, candidato a la alcaldía del municipio Cocula, por Movimiento Ciudadano, cortó su discurso en una empobrecida comunidad del estado de Guerrero cuando escuchó disparos y tuvo que correr a su auto para salvar su vida. El político dijo que antes de iniciar el mitin, en mayo, fue amenazado de muerte por hombres armados.

En la violenta localidad, otros políticos han sido secuestrados temporalmente y amenazados. "Antes de esto ya había tenido amenazas de muerte con gente armada que me cerraba el paso con camionetas para gritarme que renuncie", relató.

Cristina Delgado, candidata del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió en enero una amenaza de muerte escrita en un cartelón blanco junto con una cabeza de puerco cercenada, poco antes de registrarse como postulante a una alcaldía en el estado Oaxaca.

"Esta es mi zona y tiene dueño, te voy a matar cuando te asomes (...) ya estas advertida", decía el cartel, que fue difundido en redes y medios locales. Delgado al final no se registró para la contienda. (Reuters)